El DANE publicó hace pocos días la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana circunscrita al 2020 y 2021. Los resultados mostraron un dato impactante: solo tres de cada diez delitos que se cometen en el territorio nacional son denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Lo preocupante es que el sistema penal no da abasto, ni siquiera, para responder las peticiones de justicia de los ciudadanos denunciantes.
El procedimiento con tendencia acusatoria vigente en Colombia fue concebido para que una cantidad mínima de casos llegara a juicio. En este sentido, se pretendía que la mayoría de los procesos fueran solucionados a través de mecanismos anticipados de terminación del proceso: los allanamientos como aceptación unilateral del imputado frente a los cargos endilgados. Los preacuerdos como negociaciones, entre el procesado y la Fiscalía, con los que se busca obtener un beneficio punitivo a cambio de una aceptación de responsabilidad. Finalmente, el principio de oportunidad como la facultad que tiene el ente acusador para no llevar a juicio a un ciudadano cuando se evidencian algunas de las circunstancias contempladas en la ley. Por ejemplo, la indemnización integral de la víctima en ciertos delitos.
Lo anterior, por una sencilla razón: ningún Estado por poderoso, avanzado o rico que sea, tiene la capacidad para investigar y juzgar la totalidad de los delitos que se cometen en su territorio. Sin embargo, en Colombia vemos lo contrario: juzgados colapsados dirimiendo cantidades interminables de procesos que llegan a juicio.
Esta problemática tiene causas políticas, jurídicas y económicas. El Congreso de la República, sin ningún tipo de evidencia y movido por el clamor popular, ha creado delitos de manera indiscriminada, ha limitado el uso de beneficios o subrogados penales y ha aumentado las penas sin ninguna justificación jurídica.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su parte, se ha encargado de interpretar restrictivamente la normatividad relacionada con los mecanismos anticipados de terminación del proceso penal: desnaturalizó los preacuerdos al exigir soportes probatorios para su celebración y asimiló, erradamente, los preacuerdos y los allanamientos al darles el mismo tratamiento.
La falta de recursos económicos también contribuye a la crisis actual. No hay suficientes jueces, los fiscales no alcanzan y la policía judicial, escasamente, logra evacuar algunas de las ordenes investigativas que son asignadas diariamente.
Por si lo anterior fuera poco, se rumora que los magistrados de la Corte Constitucional, obnubilados por su privilegio y desconociendo la realidad judicial del país, pretenden eliminar la virtualidad de los juicios penales. Retornaremos a los múltiples aplazamientos porque los testigos o peritos no comparecen, porque no hay salas de audiencias suficientes, porque alguna de las partes esta metida en un trancón o porque no hay recursos para trasladar a los detenidos.
Mientras tanto el sistema penal agoniza, las cifras de impunidad siguen subiendo, las víctimas reclaman justicia sin respuesta alguna y los procesados piden que se resuelva su situación jurídica prontamente. Esperemos que las cosas mejoren, que las reformas combatan los problemas centrales y, sobre todo, que se analicen las dificultades que diariamente padecen los ciudadanos de a pie.
Mateo Coronado Arango.
Abogado Penalista.
Socio de Castro Muñoz & Abogados.
