Los últimos días se han conocido noticias desde Guatemala sobre la apertura de una investigación penal y posible orden de captura en contra del actual Ministro de Defensa de Colombia, el señor Iván Velásquez. Esto ha causado revuelo nacional, principalmente en la oposición al actual Gobierno.
El inicio del proceso penal se dio por la presunta participación del Ministro en acuerdos “anómalos” de colaboración con los directivos de Odebrecht, cuando aquel se desempeñó como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala desde el 2013 hasta el 2017.
Lo anterior resulta ser una situación muy delicada que genera diferentes juicios de valor anticipados por parte de los medios de comunicación y la sociedad colombiana en general. Sin embargo, hay muchas aristas que no son objeto de pronunciamiento en noticieros y redes sociales pero que se expondrán a continuación ya que terminan siendo fundamentales para un entendimiento completo caso.
Primeramente, hay que mencionar que la función esencial fijada por la ONU al señor Velásquez, en el marco de su designación como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala, fue el desmantelamiento de todo el entramado empresarial y político de corrupción en tal país. El hoy ministro ejerció su función de manera sobresaliente, a tal punto que llamó a juicio político al entonces presidente Jimmy Morales, quien posteriormente lo vetó de Guatemala en 2017.
En este sentido, los presuntos acuerdos “anómalos” aludidos por la Fiscalía refieren que el exministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de Odebrecht por US$18 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos de infraestructura a lo largo de país los cuales terminaron beneficiando al excandidato presidencial Manuel Antonio Baldizón.
Frente a esto, resulta extraño que para el 2022 el mismo fiscal dio apertura al proceso penal en contra del señor Velásquez, también anuló los testimonios que los empresarios brasileños habían brindado en 2017, donde daban todos los detalles de los sobornos antes mencionados.
Por último, dada la importancia de la función ejercida por el Ministro Velásquez como jefe de la CICIG y la inestabilidad del Estado Social de Derecho en Guatemala, el actual Secretario General de la ONU manifestó que con base en los acuerdos suscritos con este país, el señor Velásquez seguiría gozando de inmunidad y privilegios como miembro de la comisión anticorrupción a pesar de que ya no ocupe tal cargo. Esto, toda vez que a su consideración se trata de una persecución penal sin fundamento alguno.
A manera de conclusión, es necesario que se analicen a profundidad todas las aristas que integran y permean el caso del actual Ministro de Defensa antes de empezar a realizar juicios de valor anticipados y señalamientos injustificados. No se trata de impunidad, sino de dejar las afinidades políticas de lado y empezar a buscar el respeto de las garantías intrínsecas al Estado Social de Derecho como la presunción de inocencia y el debido proceso de todos y cada uno de los ciudadanos colombianos.
