Tal vez el rasgo más importante de un Estado liberal es la justicia. Tiene un rol esencial. No dejar que nos matemos entre nosotros. Evitar caer en un estado de venganzas consecutivas donde no pararíamos de eliminarnos entre colombianos. Si una justicia no funciona la sociedad inicia su curso a la destrucción. No vengo acá a defender lo indefendible, no soy portador de mentiras ni uno de mis defectos es ser deshonesto intelectualmente.
Como abogado penalista y litigante conozco la realidad de la justicia colombiana. Sé que está en cuidado intensivos, más que todo, por el horripilante manoseo de la que ha sido objeto por parte de los políticos de turno. No solamente para despreciarla económicamente, ya que no es un secreto que no ha existido un solo gobierno, de izquierda o derecha, que le asigne los recursos necesarios y dignos para mantener a una sociedad en paz. Tampoco cuando se olvidan sistemáticamente en proveer unas instalaciones dignas, unos insumos suficientes para poder trabajar, como tampoco las condiciones salariales proporcionales al monumental trabajo que hacen los jueces de la república. Ni hablar del desinterés en que realmente se garantice la meritocracia. Sólo se preocupan por legitimidad, pero claro, no la de la justicia colombiana. La de ellos mismos cuando están afanados por clamor y aplausos. Ahí sí aparecen, ahí sí tuitean cuando tienen que ofrecer salidas fracasadas a problemáticas sociales. Por eso ofrecen cadenas perpetuas, penas de muerte y castraciones químicas cuando son imposibles éticos, jurídicos y económicos. Salen a la luz cuando hay algún escándalo y ofrecen eliminarle beneficios a los corruptos. Esos son los golpes que tienen al borde de la muerte a la justicia.
Como si lo anterior no fuera poco, cada vez más son los políticos, de todo el espectro, que han liberado sus fauces para atacar a los jueces por sus decisiones. Se denominan demócratas pero desprecian la independencia y la imparcialidad judicial. Si las sentencias no se ajustan a sus interés políticos ven a los jueces cómo enemigos y no como seres esenciales para garantizar el orden y la paz.
En estos días la abanderada del ataque a la rama judicial ha sido la alcaldesa Claudia López. A ella no le interesa siquiera conocer la fundamentación que los jueces dan para declarar ilegales las capturas o la no imposición de medidas de aseguramiento. Ella solo habla de la rama de la impunidad. Me niego a creer que sea una ignorante de las leyes, me niego a creer que no tenga un grupo de asesores que le diga que esos prejuicios son exageradamente estigmatizantes. Ella sabe que la Constitución y las leyes tienen unos requisitos para mandar a la gente a la cárcel. Ella conoce, por su supuesta formación liberal, que el Estado no puede mandar a la prisión a un ciudadano sin fundamentos.
Me inclino más por una persona desesperada por encontrar responsables ante una política de seguridad fracasada cuando bastaría verse a un espejo.
Los jueces tienen quién los defienda así sea impopular, épico y costoso. No importa. Siempre criticaré y me opondré al linchamiento público, a los juicios injustos y la politiquería grotesca donde no importa la imagen, el trabajo y el sacrificio de los jueces con tal de justificar la mediocridad de una mandataria.
