Después de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, la atención mediática se ha centrado en la reforma tributaria, en algunas declaraciones de la ministra de Minas y Energía y en algunos comentarios de la ministra del Trabajo.
Sin embargo, la cartera de Justicia tiene grandes retos durante los próximos cuatro años. En materia penal es evidente que el sistema está colapsado, que existen niveles de impunidad elevados, que lo funcionarios no alcanzan para evacuar la totalidad del trabajo, que se aplazan múltiples audiencias, que el ciudadano del común desconfia de las instituciones, que en las cárceles y en las estaciones de policía no cabe un detenido más, entre otras muchas falencias.
Bajo este contexto, quiero recordar a Aldous Huxley para plantearles “Un Mundo Feliz”, no como distopía sino como utopía.
Propongo que exista una política criminal donde se determine con claridad y exactitud los compartimientos que más afectan a los ciudadanos del común para perseguirlos con la mayor severidad, de lo contrario será imposible que el sistema y los recursos alcancen para investigar y juzgar todos los delitos que se cometen en Colombia.
Se deben fortalecer los cuerpos de investigación (C.T.I., DIJIN y SIJIN) contratando más funcionarios que permitan a la Fiscalía General de la Nación investigar con suficiencia los hechos que perjudican al denunciado y también las hipótesis compatibles con su inocencia.
Teniendo en cuenta que el presidente ha planteado eliminar la Procuraduría General de la Nación, ¿por qué no pensar en que algunos de esos funcionarios puedan convertirse en fiscales y otros en jueces para reducir la carga laboral excesiva que existe actualmente? Lo anterior sin que deje de existir una “dependencia” que mantenga las funciones disciplinarias.
Es necesario que se inviertan recursos capacitando a todos los actores del proceso penal en técnicas de litigio y de juicio oral, esto facilitará y agilizará el desarrollo del procedimiento.
Considero fundamental limitar las solicitudes de medidas de aseguramiento a nivel legislativo con la finalidad de reducir el hacinamiento carcelario y de evitar que se sigan vulnerado garantías como la presunción de inocencia. Podrá ser un cliché, pero estas medidas deben ser completamente excepcionales.
Finalmente, se deben crear todas las alternativas legales que sean necesarias para que los mecanismos anticipados de terminación del proceso penal (principios de oportunidad y preacuerdos) sean el eje central del sistema, basta de limitaciones jurisprudenciales y legislativas sobre estos temas.
