La sociedad actual está caracterizada por la existencia de múltiples riesgos que son consecuencia directa del desarrollo de la humanidad. Las organizaciones privadas y públicas no son ajenas a este fenómeno, se exponen a diferentes contingencias en la ejecución diaria de su actividad económica.
En el sector privado los riesgos pueden ser laborales, tributarios, medioambientales y penales entre otros. Estos últimos pueden exponer a la compañía a beneficiarse de actos de corrupción o a ser utilizada como medio para cometer delitos, por ejemplo, lavado de activos o financiación del terrorismo. Bajo el mismo contexto, las organizaciones pueden ser víctimas de actos ilícitos cometidos por sus directivos o empleados.
Colombia no cuenta con un esquema de responsabilidad penal de personas jurídicas, sin embargo, existen consecuencias legales aplicables a la empresa cuando no ha sido suficientemente diligente para identificar, prevenir o gestionar sus propios riesgos. La compañía puede ser objeto de comiso y/o extinción de dominio sobre sus bienes o de la suspensión y la terminación de la personería jurídica que, en pocas palabras, es la muerte del ente colectivo. Por si lo anterior fuera poco, el representante legal, los directivos y accionistas de la compañía podrían responder penalmente como personas naturales.
Esta situación ha generado que desde hace varias décadas se implementen programas de cumplimiento o compliance. Se trata de un sistema de políticas y procedimientos que tienen como objetivo asegurar que se cumpla la normatividad vigente y que genere una cultura de cumplimiento entre empleados, directivos, proveedores y clientes.
En Castro Muñoz Abogados le ofrecemos al empresario un esquema integrado que contenga una matriz con la que se identifiquen, se prevengan y se gestionen riesgos penales. Diseñamos políticas y manuales de procedimiento según tus necesidades, capacitamos a tus directivos y empelados, asesoramos a los máximos órganos sociales en el desarrollo de tus negocios, desempeñamos investigaciones internas en casos de comportamientos delictuales para denunciarlos ante las autoridades competentes y revisamos listas restrictivas vinculantes para Colombia.
Esto permitirá eliminar o atenuar las consecuencias penales que puedan afectar a la persona jurídica, a sus socios, representantes, gerentes y directivos. También existirá un sistema articulado de colaboración con las autoridades y, finalmente, se hará uso transparente y adecuado de los recursos económicos de la compañía.
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