Hace algunos días, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el nuevo programa: “Pagar para no matar” el cual tiene como objetivo brindar a los jóvenes un incentivo financiero de un millón de pesos, con el propósito de alejarlos de actividades violentas y delictivas, permitiéndoles enfocarse en su desarrollo académico.
La propuesta actual ha generado bastante polémica en la población colombiana. Se requiere soluciones concretas por parte del gobierno nacional para disminuir la delincuencia común y los grupos ilegales organizados. Sin embargo, el programa “pagar para no matar” puede convertirse en un incentivo perverso, ya que “premiar” económicamente a los jóvenes para que se absetengan de cometer actos ilícitos implica generar una contraprestación por una obligación que debemos cumplir todos los ciudadanos.
Proponer un pago a los jóvenes como una forma de disuadir su participación en actividades ilícitas es una estrategia que no garantiza que los jóvenes no reincidan en dichas conductas. Además, es importante destacar que muchos jóvenes optan por trabajar de manera honrada y honesta. Por lo tanto, existe un riesgo considerable de que este programa genere un efecto totalmente contrario al esperado, ya que puede aumentar el número de jóvenes que se dediquen a este tipo de actividades para recibir la remuneración que ofrece el gobierno. De otro lado, resulta indignante que los impuestos de los empresarios o trabajadores sea destinado para financiar a jóvenes que han escogido el camino del crimen.
Para reducir la violencia en la sociedad es esencial que el Estado brinde un apoyo significativo a los jóvenes en el ámbito educativo. Es necesario ofrecer becas, programas de tutorías y herramientas de estudio para que dediquen su tiempo y energía a actividades constructivas que contribuyan a su desarrollando. Asimismo, es importante ofrecer diferentes oportunidades de trabajo que tener estabilidad económica sin la necesidad de involucrarse en actividades ilegales. Considero importante crear programas de apoyo específicos que ayuden a aquellos jóvenes que han estado involucrados en actividades delictivas a reintegrarse en la sociedad de manera exitosa. Lo que es cierto, es que se deben generar aptitudes que permitan a las personas buscar oportunidades como lo hacemos todos los colombianos. Sin que eso signifique un premio o una remuneración por haber delinquido.
En conclusión, resulta necesaria la intervención del Estado para acabar la violencia del país, implementando estrategias que realmente logren resultados significativos, lo cual implica incentivar a los jóvenes a preferir la educación y las oportunidades laborales en vez de las actividades ilícitas. El Estado debe brindar oportunidades reales sin transmitir el mensaje erróneo de que “ser violento paga”.
Paula Silva.
Paralegal.
