Son tiempos difíciles para los que defendemos la ley y la Constitución. El populismo desbordado que se ejerce en estos días desafía los presupuestos más básicos de cualquier estado de derecho. Lo que el poder ejecutivo, respaldado por amplias mayorías legislativas, se propone hacer en Colombia es de preocuparse. Se pretende asaltar la independencia judicial.
Parece un parcial de derecho constitucional. Esos escenarios hipotéticos que, por ser tan tirados de los cabellos, solo podrían imaginarse en la complejidad académica, se están materializando.
En Colombia hoy el presidente de la república desconocerá decisiones judiciales, y por decreto, determinará libertades de personas frente a las cuales, los jueces con base en pruebas, consideraron que deberían estar en prisión. Si, medidas de aseguramiento que cumplen unas finalidades constitucionales específicas.
Con muchos agravantes, el primero, siendo el más evidente y es que dicha facultad, según la Constitución, SOLO está en manos de los jueces. Ha sido el mismo gobierno el que ha descartado la aplicación de indultos y/o amnistías. Por esta razón el presidente no está cobijado legal ni constitucionalmente para tomar esas decisiones. Muchos dirán que fue la ley de paz total la que le entregó esas atribuciones, en concreto, de designar gestores de paz. Eso es una mentira, primero porque fue el senado de la republica el que expresamente eliminó dicha potestad. Recordemos que existió polémica porque en dicha ley se estaba metiendo ese “mico” que habilitaba amnistías, indultos y designaciones como gestores de paz a personas detenidas y judicializadas en el marco de las protestas.
A tal punto que la misma bancada del gobierno anunció proyectos de ley específicos para legalmente llegar a ese fin.
No contento con eso, el gobierno decidió que no recurriría a una ley que lo habilitará para tomar esas decisiones, sino que prefirió hacerle a través de un decreto torciendo totalmente el alcance de la ley de paz total. Un exabrupto autoritario.
Desdibujan la justicia transicional que aplica en escenarios de conflictos armados generalizados y de difícil o imposible solución por lo bélico y la retribución como escenario de justicia. Equiparan estudiantes y protestantes a guerrilleros y paramilitares. Aplican paz total indiscriminadamente en escenarios donde es claro que debe aplicar la justicia ordinaria. ¿Hasta allá llega ese afán político? Ya es claro que hasta violar las competencias constitucionales de la justicia. Un desprecio total por la institucionalidad colombiana.
Como si no fuera suficiente lo anterior, desde el mismo presidente se viene enviando un mensaje de que la justicia opera selectivamente y que está abiertamente politizada. Que los jueces tomaron decisiones injustas y sin ninguna prueba. Crean una comisión conformada por miembros del ejecutivo para revisar decisiones judiciales. La judicatura bajo ataque y quienes los masacran son los que los deberían defender. Terminó siendo en vano el juramento de proteger la Constitucion y acatar las decisiones judiciales.
Lo curioso es que en el derecho está la solución para la realización de estos postulados. Hay alternativas que respetan la institucionalidad y no violan la Constitución. ¿Por qué no las toma el presidente?
Juan José Castro Muñoz.
