Hace pocos días se cayó en el Congreso de la República la propuesta que facultaba al presidente para indultar a las personas que fueran condenadas por delitos relacionados con la protesta social. No obstante, el viceministro del Interior planteó la posibilidad de presentar otro proyecto de ley con el que se pretendería beneficiar a algunos miembros de la primera línea: amnistía.
En términos generales el indulto es la extinción de la sanción penal, mientras que la amnistía impide que el Estado judicialice a determinadas personas. La Corte Constitucional estableció desde la sentencia C – 695 del 2002 que el ámbito de aplicación del indulto y la amnistía se circunscribe únicamente a delitos políticos y conexos, lo que implica que los delitos comunes quedan excluidos.
El delito político tiene dos elementos que lo caracterizan. La protección del régimen constitucional y legal del Estado (elemento objetivo) y el propósito específico de la persona que comete el delito: una intención altruista dirigida a cambiar la configuración política y jurídica del Estado para beneficiar a amplios sectores sociales (elemento subjetivo). Por ejemplo: rebelión, sedición y asonada.
El problema radica en identificar los delitos conexos con el delito político. En principio, son conductas punibles que se cometen con el fin de promover delitos políticos. Sin embargo, siempre ha estado claro que no todos los delitos comunes tienen la naturaleza de delitos conexos.
Bajo este contexto, quiero plantear dos preguntas: ¿los delitos de lesiones personales, daño en bien ajeno u homicidios que se presenten en medio de protestas sociales pueden considerarse como delitos conexos? Yo considero que no. ¿los miembros de la primera línea que cometen delitos comunes en medio de las protestas deben tener un tratamiento diferenciado al resto de colombianos que son procesados actualmente? Mi respuesta también es negativa.
Los colombianos debemos rodear a los jueces de la república, respetar y acatar sus decisiones. No podemos permitir que el gobierno nacional pretenda interferir en las determinaciones de la justicia, más aún cuando se trata de beneficiar a unos pocos.
